Para que los productos de la industria farmacéutica y, más importante,  sus beneficios

para la salud, lleguen a los pacientes es  preciso que existan canales de distribución

adecuados. La distribución de medicamentos, o más precisamente la distribución y

dispensación de medicamentos, participa en la “cadena del valor” de éstos mediante dos

tipos de actuaciones. Por una parte las propias de cualquier sistema de distribución -

compra y venta, financiación, logística del  transporte, almacenamiento, servicio, etc. – ,

muy similares a las que se llevan a cabo en la comercialización de otras líneas de

productos, como alimentos cárnicos, congelados, etc. Por otra, las genuinamente

sanitarias, las que se engloban en el término “dispensación”, que se acogen a las

especificidades de una concreta tradición profesional.

En Occidente se estableció hace siglos la separación de las funciones de indicación de un

remedio – prescripción – y las de su preparación y venta, lo que generó dos grupos

profesionales –médicos y farmacéuticos – cada uno con sus propios saberes  y diseños

institucionales.  En el último medio siglo la industrialización del sector ha operado una

nueva división, la existente entre la fabricación de fármacos dispuestos para su consumo

por el usuario final y la distribución y dispensación de estos productos, por lo que en la

actualidad la elaboración por los farmacéuticos de preparados medicinales en las oficinas

de farmacia tiene una representación meramente simbólica en el conjunto de su práctica.

La distribución y dispensación del medicamento está configurada por tres grandes

actores: las empresas de distribución mayorista, la extensa red de oficinas de farmacia

(OO.FF.) y  los servicios farmacéuticos hospitalarios. 

   En muchos países la distribución y dispensación está 

sometida a una importante regulación pública. En el caso español esta regulación parece

guiada más por intereses sectoriales e indeseables dependencias de senda que por el

elusivo concepto de bien común o por  la consecución de los beneficios para la salud, a la

que el importante contingente de sanitarios implicados en el proceso puede contribuir.

En las páginas siguientes se describen los principales rasgos que caracterizan la realidad

de cada uno de esos actores, los incentivos presentes y las escasas perspectivas de

cambio que pueden preverse. El último apartado aboga, a la luz de lo previamente

aportado, por potenciar los aspectos específicamente sanitarios, frente a su actual

devaluación efectiva, entendiendo que es la única justificación para mantener un diseño 

de distribución que responde a unas condiciones ya inexistentes.